Umberto Jara: Historia de una fotografía

En julio de 2021, cuando Pedro Castillo ya había sido proclamado presidente de la República, recibí la visita de un policía que conozco hace varios años


Por Umberto Jara

 

En julio de 2021, cuando Pedro Castillo ya había sido proclamado presidente de la República, recibí la visita de un policía que conozco hace varios años. Es miembro de un grupo élite de investigación, honesto, convencido de su oficio y, en su vida de ciudadano, hace cuanto puede para ayudar a los habitantes de su pequeño poblado de origen. Me alcanzó una fotografía. Estaba muy indignado. Me dijo: “Este es un delincuente, lo capturé hace años cuando asaltó una pizzería en Miraflores y ahora es muy cercano al nuevo presidente”.

La fotografía era una pista importante porque era muy reciente. Correspondía a los días previos a que el “modesto profesor” asumiese el cargo de primer mandatario. Días en que estaban en el trajín de nombrar asesores, definir ministros y funcionarios. La imagen muestra a Pedro Castillo junto a un hombre vestido de negro que tiene el pulgar hacia arriba en señal de victoria. Mi amigo policía me dijo: “Se llama Zamir Villaverde García y ahora tiene una empresa de seguridad Vigarza”.

En febrero del 2007, Zamir Villaverde había asaltado a balazos la pizzería Donatello en la avenida Pardo, Miraflores. Una condena de 10 años por robo agravado lo llevó como presidiario al penal Miguel Castro Castro. Estuvo apenas dos años tras las rejas porque vivimos en el reino de la impunidad. En mayo de 2013, reincidió y fue condenado a 4 años de prisión por los delitos de colusión —una modalidad corrupta en las contrataciones con el Estado— y falsedad de documentos.

En aquel julio del año pasado, hablé con algunos periodistas de aquellos que vemos dar lecciones de moral proclamándose paladines de la lucha anticorrupción. No se les movió una ceja. Cero interés. Claro, era julio y empezaba un nuevo gobierno y es el momento en que casi todos se vuelven muy prudentes.

Ahora, el país entero sabe, por la confesión de Karelim López —integrante de la banda que opera desde Palacio de Gobierno— que aquel delincuente asaltante de una pizzería, es uno de los socios principales del presidente de la República del Perú en la trama de corrupción estatal.

Fue Zamir Villaverde quien organizó la mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en coordinación con el inamovible ministro Juan Silva. Villaverde se encargó también del nombramiento de un profesor escolar de Biología que había robado el dinero de la Asociación de Propietarios de una modesta agrupación vecinal del Rímac. Su nombre: Bruno Pacheco. Lo puso como secretario general de la Presidencia de la República por la única razón de que era su hombre de confianza, pues, había sido su empleado en la empresa de seguridad Vigarza.

El expresidiario Zamir Villaverde —el socio presidencial— se encargó también de otras miserias para gentes hambrientas… de dinero: los sobrinos presidenciales. A ellos, desde la campaña electoral, les pagó viajes, relojes y vehículos. Era una fiesta para personajes como el sobrino Fray Vásquez Castillo quien, a sus 31 años, pasó de vender pollos a la brasa, en la pollería Kayako en el Callao, a recibir a los personajes de los negociados en el antro ubicado en la calle Sarratea.

Ahora que todo se empieza a conocer en detalle, se abre la segunda parte de un espectáculo que habrá de ser patético: los silenciosos y los sorprendidos. Todos los que auparon, ensalzaron, defendieron a Castillo con la tonta muletilla de “no aceptan que un rondero, un campesino y maestro rural sea el Presidente de la República”, están mudos y dejarán de buscar entrevistas, escribir columnas y, seguramente, apagarán momentáneamente el fuego de sus agresivas redes sociales.

No entienden que ejercer la decencia no es difícil, basta con pedir y apoyar que la delincuencia se vaya de Palacio de Gobierno y deje todos los ministerios que han destruido en apenas siete meses.

En cuanto a los sorprendidos, ahí nos topamos con una especie muy cínica. A pesar de que existen evidencias crudas como la estrecha cercanía de Zamir Villaverde García con Pedro Castillo, habrá quienes empiecen con el espectáculo de la leguleyada y, desde su posición de “sorprendidos”, pedirán pruebas; exigirán “la correspondiente corroboración” y “el respeto al debido proceso”.

Habrá también quienes evadan el tema central —la responsabilidad de Pedro Castillo— como Mónica Delta, otra vez en una bochornosa entrevista. No siente vergüenza porque su especialidad es ser palaciega.

Frente a los silenciosos y los sorprendidos, es necesario entender que en política los plazos no son judiciales.

No perdamos de vista que la política responde a los mandatos constitucionales —allí se encuentra la causal de vacancia— y una de sus tareas es proteger a un Estado, el de los peruanos, que está siendo saqueado y desmontado.

Los trámites judiciales, con sus plazos de tortuga, corresponden a una segunda etapa a la cual tendrán que ser destinados Pedro Castillo y su banda. Pero la etapa política es otra, es inmediata, tiene sus reglas claramente establecidas en la Constitución y solo necesita evidencias que, en el caso Castillo, suman gran cantidad desde hace meses y ahora existe el testimonio directo de una integrante de la organización delictiva. En esa línea política, el Congreso necesita de 87 votos decentes. Esa es su obligación frente a los electores, más aun cuando se ha denunciado que en el Parlamento habitan miembros de la misma banda de Palacio de Gobierno.

Si no se toma la acción de la vacancia para detener a corruptos malhechores, entonces los miembros del Congreso de la República serán parte de la ruta delictiva por encubrimiento y complicidad.

 

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