Mónica Yaya: PERRO MUERTO


Según un diccionario de habla popular, “hacer perro muerto” es “irse sin pagar la comida o bebida consumida en un restaurante u otro sitio parecido”. O sea, es pedir y no pagar, ser tramposo, estafador.


<strong><span class="has-inline-color has-black-color">Mónica Yaya</span></strong>
Mónica Yaya

Abogada. Columna: Pan con libertad.

 

Según un diccionario de habla popular, “hacer perro muerto” es “irse sin pagar la comida o bebida consumida en un restaurante u otro sitio parecido”. O sea, es pedir y no pagar, ser tramposo, estafador.

¿Usted sabe quién es el más grande “perromuertero” en el Perú?

Pues… el Estado.

Claro, si hay coima de por medio, los funcionarios públicos gestionan velozmente el pago al proveedor del Estado. Si no hay coima, hay que esperar quizá toda la vida. Si el proveedor se pone muy fastidioso, los burócratas del Estado inventan que la obra, servicio o bien entregado no cumplía con los requisitos mínimos, aunque lo hayan usado.

Para cobrar, los proveedores embaucados tendrán que gastar dinero en un arbitraje oneroso, o ir al Poder Judicial si los funcionarios estatales se niegan a reconocer la existencia del contrato.

Quién diría, por ejemplo, que el Hospital de Emergencias de Ate – Vitarte, construido en el segundo gobierno del presidente constitucional Alan García con la finalidad de salvar vidas en el cono este limeño, se convertiría, en los gobiernos de Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y Pedro Castillo, en uno de los principales escenarios del “perromuerteo”. Durante la cuarentena del 2020, aprovechando la emergencia prevista en el artículo 100° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Ministerio de Salud solicitó a la empresa LAMIDECOR la entrega urgente de 51 mil mandilones descartables no estériles que fueron entregados de manera célere al Hospital de Emergencias de Ate por un valor de 650 mil 250 soles, bienes que nunca fueron pagados.

Bajo la misma modalidad, la empresa GRAMAREYNA S.A.C realizó, a pedido de ESSALUD, el servicio de recojo y traslado hasta frigoríficos de los fallecidos por covid-19, desde los domicilios o desde la vía pública, por un valor de 584 mil 990 soles. La empresa tampoco recibió ni un céntimo de lo adeudado.

Durante el gobierno del aristócrata Francisco Sagasti, la empresa CREMATORIO PIEDRÁNGEL SAC creyó en la seriedad del Ministerio de Salud y de ESSALUD. Realizó el servicio de cremaciones de las víctimas de la pandemia de covid19 por 7 millones 744 mil 878 soles. Nadie responde por esa deuda. Ofendidos por la cobranza, los funcionarios de ambas instituciones públicas han dispuesto que se impida el ingreso de los incómodos cobradores a sus instalaciones.

Pero, si creemos que las estafas a los proveedores que no se reúnen con Pedro Castillo se limitan a los bienes y servicios contratados por la pandemia, véase el caso de la empresa EMISORAS CRUZ DEL PERÚ , que brindó a la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) servicios de control de la franja electoral a nivel nacional en la primera vuelta de las elecciones generales de 2021. El contrato incluía la posibilidad de controlar la franja electoral en la segunda vuelta, pero sorprendentemente la ONPE dispuso quedarse sin servicio de control de la propaganda electoral. ONPE no pagó ni un céntimo por el servicio en la primera vuelta.

El perromuerteo es tan perverso y contagioso que, incluso, grandes empresas extranjeras ganadoras de millonarios contratos con el Estado, como la china SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERÚ, se aprovisionan de material de construcción entregado por pequeñas empresas peruanas que confiaron y entregaron su mercadería recibiendo a cambio “perro muerto”.

Los ejemplos son muchos. Las denuncias de estafa y destrucción de las empresas nacionales, sobre todo por parte del Estado, nos siguen llegando. Basta de hacer perro muerto a los empresarios nacionales.

 

 

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